Europa aprueba diez propuestas contra el racismo y la xenofobia

El Ministerio de Trabajo e Inmigración, ha hecho publico a través de la Dirección General de Integración de los Inmigrantes, el Informe final del proyecto Living Together,

Este documento incluye un decálogo que pretende, a través de sus diez puntos, concienciar a la población europea del aporte positivo que la inmigración hace en los distintos ámbitos de la sociedad (económico, social o cultural).

En el último punto del documento, los distintos países europeos que han participado en el estudio (España, Portugal, Finlandia, Países Bajos, Suecia o Irlanda) recuerdan que los ciudadanos de Europa también fueron migrantes.

El llamado  Decálogo de Ciudadanía, Tolerancia y Diálogo europeo ha sido elaborado bajo la coordinación del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) y recoge los siguientes puntos:

1.    Identificar los principios en los que se deben basar las buenas prácticas.

2.    Nombrar y reconocer como problemas todos los tipos de racismo y xenofobia.

3.    Documentar y hacer seguimiento del racismo y la xenofobia.

4.    Identificar medidas legales y actuaciones eficaces, programas educativos y buenas prácticas.

5.    Fomentar el papel de los medios de comunicación para promocionar el respeto de las culturas y el reconocimiento de la diversidad.

6.    Reconocer la contribución de las personas inmigrantes en el ámbito económico, social y cultural.

7.    Diseñar los servicios públicos teniendo en cuenta las necesidades de la sociedad.

8.    Fomentar los principios de respeto y diálogo, contemplando la diversidad cultural como enriquecedora.

9.    Cambiar los estereotipos por la convivencia.

10.    Considerar la inmigración como un fenómeno universal. Los europeos fueron inmigrantes. El argumento reflexivo: las sociedades de acogida actuales recuerdan la inmigración.

Los recortes llevarán a los presos a reincidir, según entidades sociales

Los recortes presupuestarios supondrán un duro golpe en las políticas de reinserción de los presos. Según las entidades sociales que trabajan en este ámbito, la reincidencia aumentará entre el 10% y el 12% debido a la falta de recursos para llevar a cabo los programas de reinserción social. Las 35 asociaciones sociales que trabajan para reintroducir a los presos en la sociedad han denunciado este miércoles que el Departamento de Justicia les ha comunicado la supresión de las subvenciones a partir de este mes de junio. “Con la supresión de todas las ayudas a estas entidades, hemos tocado hueso, se abandona a las personas en su reinserción y se abandona a las entidades”, ha lamentado la presidenta de la Mesa de Entidades del Tercer Sector de Cataluña, Àngels Guiteras.

Los programas de reinserción social, en los que trabajan 35 entidades y 160 profesionales, contaron para los dos últimos años con 2,2 millones de euros anuales en subvenciones, que el pasado año ayudaron a atender a 6.363 reclusos. De estos, 640 fueron acogidos en pisos con educadores sociales, mientras que 2.369 recibieron atención especializada o tratamientos en salud mental, deshabituación de drogas o programas de sida. Además, 1.271 aprendieron a usar ordenadores, 1.725 participaron en programas de deportes y 358 tuvieron medidas penales alternativas.

Las entidades aseguran haber recibido una comunicación del Departamento de Justicia que les anuncia el fin de las subvenciones con efecto inmediato. Pero otro aspecto que preocupa a estas entidades es que Justicia tampoco les ha garantizado el pago de los servicios prestados durante los cinco meses de este año.

El representante de la Mesa de Participación Social (TPS), Miquel Pongiluppi, ha advertido de que el cierre del grifo a las subvenciones llevará al cierre de muchas de esta treintena de entidades que tengan que echar el candado si no consiguen fuentes de financiación alternativas, como donaciones privadas. Pongiluppi también ha alertado de otras consecuencias sociales, como el aumento de la inseguridad ciudadana, así como del coste económico. Según sus cifras, un interno supone un coste anual de 30.000 euros, así que los 280 presos reinsertados suponen un ahorro, que ahora desaparecerá, de 8,4 millones de euros para las arcas públicas.

Según Guiteras, el recorte en programas de reinserción supondrá que las cárceles volverán a ser “fábricas más eficientes de criminalidad o almacenes de delincuentes, y eso la sociedad no se lo puede permitir”, ha lamentado. La Mesa del Tercer Sector asegura, además, que se trata de una decisión “de extrema gravedad”, ya que los convenios de colaboración entre Generalitat y entidades que no se renovarán supondrán que estas asociaciones “ni tan solo podrán prestar los servicios de forma voluntaria” y que los voluntarios ya no tendrán la libertad de acceso a las cárceles, como hasta ahora.

Cada año salen de la prisión 2.300 internos, de los que, aproximadamente, el 40% reinciden. Es decir, 920 vuelven a ingresar en la cárcel. Las entidades apuntan que la existencia de programas de reinserción había conseguido reducir este porcentaje de reincidencia hasta el 12%, lo que se traduce en 280 reclusos reinsertados. Con el fin de las subvenciones, las entidades aseguran que estos presos dejarán de tener esta segunda oportunidad.

JSM considera "un error afrontar el botellón solo con sanciones económicas

El secretario general de las Juventudes Socialistas de Madrid, Daniel Méndez, ha afirmado que "es un gran error afrontar el botellón solo con sanciones económicas", según han informado este sábado en un comunicado.

   En este sentido, JSM se ha pronunciado sobre la modificación de la Ley de Drogodependencias de la Comunidad de Madrid por la que se elimina la posibilidad de que los jóvenes realicen cursos o trabajos en beneficio de la comunidad y se doblan las sanciones contempladas (se pasa de un mínimo de 300 euros a otro de 600).

   Méndez ha acusado a Aguirre de "hacer pagar a los jóvenes las consecuencias de su desastrosa gestión económica, porque quiere que ellos sean los que paguen el déficit oculto y la rebaja de la calificación de la deuda regional a bono basura".

   El líder de los jóvenes socialistas madrileños ha afirmado que "han fracasado todas las medidas legislativas de Aguirre y Gallardón y ahora el Gobierno regional abunda en el error limitando los cursos en un momento en el que aumenta el consumo de alcohol entre los jóvenes".

   Méndez también ha recordado que "en Madrid se va de ocurrencia en ocurrencia con este asunto, como cuando hace dos años se propuso sancionar a los padres de los hijos que bebiesen en la calle, una auténtica aberración jurídica".

   Por todo ello JSM "ha exigido" a la Comunidad de Madrid que lidere un Pacto por la Noche de Madrid negociando con jóvenes, vecinos y empresarios del ocio nocturno y adopte una normativa similar a la Ley de Convivencia y Ocio de Extremadura basada en la creación de Espacios de Creación y Ocio Joven y en el alejamiento del botellón de las zonas donde se causan molestias a los vecinos, además de en la prevención del consumo de alcohol entre menores de edad.

"A los enfermos mentales nos tienen estigmatizados, no nos entienden"

Según el Ministerio de Sanidad, en España hay 400.000 enfermos mentales y está claro que la convivencia con ellos es dificil. Además de las molestias que sufren, los vecinos les tienen miedo. Los enfermos y sus familiares se sienten incomprendidos por la sociedad y 'ninguneados' por las administraciones.

Amparo Sánchez es madre de un chico de 24 años que desde los 18 está diagnosticado de esquizofrenia paranoide y depresión crónica. Su vida es un continuo peregrinar por los servicios sociales y hospilarios pidiendo infructuosamente que ingrese y traten a su hijo clínicamente. De momento no ha recibido ningún tipo de ayuda.

El hecho de que no haya suficientes hospitales psiquiátricos ha hecho que la responsabilidad recaiga exclusivamente en las familias. "Cuando le llevo al psiquiatra me dice que su problema es de drogas. Si voy al Proyecto Hombre me dicen que lo suyo es esquizofrenía y que ellos no se pueden hacer cargo. El hecho es que unos por otros, nadie quiere saber de mi hijo", se lamenta Amparo.

Por otra parte, Verónica, la hija de Estrella Martín, se suicidó a los 23 años arrojándose por la ventana de su habitación, con el resto de la familia en casa. "Mi hija era una enferma mental a la que nunca llegaron a diagnosticar. Los médicos me decían que lo suyo era un trastorno del comportamiento y que eso no era motivo para hacerle un ingreso psiquiatrico", afirma su madre.

El dia antes de suicidarse Verónica se fué sola al hospital Principe de Asturias. "Desde allí me llamó una doctora y me dijo que mi hija estaba en urgencias porque se había autolesionado. Fuimos a buscarla. Estaba muy agresiva y se negó a hablar con los médicos en nuestra presencia. En aquel momento pido con todas mis fuerzas que le dejen ingresada. Yo me temía lo peor y lo peor llegó unas horas después cuando llegó a casa. Ya había decido quitarse la vida tirándose por la ventana". Desde entonces la vida en la familia de Estrella no ha sido la misma.

Mientras, a Mari Carmen Carrasco la diagnosticaron trastorno límite de personalidadcuando tenía 24 años. Como la mayoría de estos enfermos, ha tenido crisis más o menos violentas pero en absoluto se considera una persona peligrosa. Está casada y tiene tres hijos. El trastorno límite de personalidad le sobrevino cuando nació el segundo. LLegó a separarse de su marido con el que volvió a convivir tiempo después.

"Yo soy una enferma mental. Padezco este trastorno, pero no soy peligrosa. La enfermedad mental no se entiende. Estamos estigmatizados. Por una parte se nos teme, por otra se nos desprecia. Salimos a la luz cuando surgen episodios de enfermos violentos que, seguramente no lo serían si tuvieran la medicación y los tratamientos adecuados", sentencia.

El clamor contra los recortes de los discapacitados catalanes llega al Congreso

Entidades representativas de la discapacidad en Cataluña han trasladado este jueves al Congreso de los Diputados su rechazo contra los recortes del sector, que suponen una reducción del 57% en las partidas activas de ocupación en Cataluña de los presupuestos generales del estado (PGE) y ponen en peligro más de 2.500 puestos de trabajo.

   Bajo el lema 'Esto sí que no. Si nos recortáis nos abandonáis', los representantes se han reunido con varios diputados del PP, PSOE, CiU, ICV-EUiA y ERC para analizar las repercusiones de los recortes recientemente anunciados, ha informado la plataforma Dincat de ayuda a los discapacitados a través de un comunicado.

   Las entidades cuentan con el apoyo unitario de las administraciones locales, el Gobierno catalán de la Generalitat y la sociedad civil, que a principios de mes protagonizaron un acto en defensa de la inserción laboral de los discapacitados en Barcelona.

Las políticas sociales y la protección de los mayores, prioridades del PP

Las políticas sociales y la protección de los que más lo necesitan serán las prioridades del PP para los próximos años. Así lo aseguró ayer el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno Bonilla, que clausuró en la capital un acto con unos 200 mayores. El encuentro se convirtió también en la primera aparición de toda la plana del PP de la provincia tras el anuncio de sus candidatos para las próximas elecciones andaluzas.

Moreno Bonilla aseguró a los representantes de las asociaciones malagueñas de mayores que el objetivo del PP es mejorar la situación de los más de ocho millones de personas con más de 65 años en España. «Desde que ganamos las elecciones, hemos aprobado un plan de teleasistencia por valor de 30 millones de euros, hemos descongelado las pensiones y ahora trabajamos en un estatuto del mayor», afirmó. Y adelantó que algunas de las novedades que se incluirán en este documento es la lucha contra la soledad y la actuación firme ante las empresas que, «con poca vergüenza y mucha caradura», se aprovechan de los mayores.

La alcaldesa de Fuengirola y cabeza de cartel para los comicios del 25 de marzo, Esperanza Oña, indicó que su partido ha prometido que «no hará recortes en dependencia, salud y educación». «Podemos seguir sin una carretera nueva, pero no sin esos tres pilares», dijo. Por su parte, el presidente de la Diputación y del PP en Málaga, Elías Bendodo, pidió a los malagueños «una oportunidad» para cambiar las cosas en Andalucía. «Nosotros dedicamos el 100% de nuestro tiempo a solucionar los problemas de la gente; otros partidos, como el PSOE de Málaga, emplean el 90% de su tiempo en arreglar sus propios conflictos», dijo. En la conferencia también estuvieron el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre; la vicepresidenta tercera de la Diputación, Ana Mata; y la candidata al Parlamento andaluz y vicesecretaria de Organización y Electoral del PP, Ana Corredera.

El sistema español de protección social, uno de los más ineficaces de la

Uno de cada cinco españoles corre el riesgo de caer en la pobreza

El sistema español de protección social es uno de los más ineficaces de la Unión Europea a la hora de luchar contra la pobreza, sólo por detrás de Bulgaria, según un informe sobre Crecimiento, Trabajo y Progreso social en la UE presentado este martes por la Comisión Europea.

El documento revela que en el año 2007 el riesgo de caer en una situación de pobreza afectaba al 16% de la población europea, pero que este porcentaje oculta "una gran diferencia por países" y va del 10-12% en el caso de República checa, Países Bajos, Eslovaquia, Suecia, Austria, Dinamarca, Eslovenia o Hungría a una horquilla de entre el 20-25% en Italia, Grecia, Letonia, Bulgaria, Rumanía y España, donde el porcentaje era del 20%.

También indica que la red de protección social tienen un claro efecto redistributivo en todos los países de la UE pero que el planteamiento del sistema de beneficios fiscales es "crucial" para entender las amplias diferencias que existen en la eficacia de la protección social.

Las pensiones en España no tienen un efecto redistributibvo muy fuerte

Subraya en este sentido las "significativas diferencias" entre Estados miembros "en la forma y extensión de redistribuir los recursos de los impuestos y prestaciones a los sectores de población con rentas más bajas".

De hecho, la eficacia de las prestaciones sociales en la lucha contra la pobreza, sin tener en cuenta las pensiones, fue del 36% en el conjunto de la UE, mientras que el efecto menor se produjo en Bulgaria, Grecia, España, Italia y Rumanía, donde sólo sirvió para recortar un 19% o menos.

Según los técnicos de la CE responsables del informe, la escasa eficacia del sistema español de redistribución puede deberse a la importancia que tiene el gasto en pensiones en el total de la protección social. "Las pensiones están ligadas con frecuencia a la carrerra profesional y a las contribuciones y no tienen un efecto redistributivo muy fuerte", destacaron.

España tendrá que seguir invirtiendo

Otra de las conclusiones que apuntan los autores del informe es que España tendrá que seguir invirtiendo en protección social en plena aplicación de la Ley de dependencia, es decir que debería seguir aumentando el gasto en este capítulo y hacerlo al mismo tiempo que se busca la sostenibilidad del sistema y el control financiero.

Por otro lado, el informe pone de relieve que en la década pasada, el crecimiento económico y el aumento del empleo mejoraron en general el nivel de vida de los europeos, pero que las desigualdades, la pobreza y la exclusión social aumentaron pese al claro efecto redistributivo de los tiempos de bonanza.

Bruselas recuerda que tener un trabajo sigue siendo el mejor seguro frente a la exclusión peroalerta igualmente de que el 8% de los trabajadores son pobres y que ese porcentaje no ha variado. Además, persiste la segmentación del mercado laboral y las lagunas en el empleo de calidad, por lo que pide a los Estados diseñar estrategias activas de inclusión para apoyar a los sectores más vulnerables frente a la crisis y garantizar el crecimiento futuro.