Los recortes presupuestarios supondrán un duro golpe en las políticas de reinserción de los presos. Según las entidades sociales que trabajan en este ámbito, la reincidencia aumentará entre el 10% y el 12% debido a la falta de recursos para llevar a cabo los programas de reinserción social. Las 35 asociaciones sociales que trabajan para reintroducir a los presos en la sociedad han denunciado este miércoles que el Departamento de Justicia les ha comunicado la supresión de las subvenciones a partir de este mes de junio. “Con la supresión de todas las ayudas a estas entidades, hemos tocado hueso, se abandona a las personas en su reinserción y se abandona a las entidades”, ha lamentado la presidenta de la Mesa de Entidades del Tercer Sector de Cataluña, Àngels Guiteras.
Los programas de reinserción social, en los que trabajan 35 entidades y 160 profesionales, contaron para los dos últimos años con 2,2 millones de euros anuales en subvenciones, que el pasado año ayudaron a atender a 6.363 reclusos. De estos, 640 fueron acogidos en pisos con educadores sociales, mientras que 2.369 recibieron atención especializada o tratamientos en salud mental, deshabituación de drogas o programas de sida. Además, 1.271 aprendieron a usar ordenadores, 1.725 participaron en programas de deportes y 358 tuvieron medidas penales alternativas.
Las entidades aseguran haber recibido una comunicación del Departamento de Justicia que les anuncia el fin de las subvenciones con efecto inmediato. Pero otro aspecto que preocupa a estas entidades es que Justicia tampoco les ha garantizado el pago de los servicios prestados durante los cinco meses de este año.
El representante de la Mesa de Participación Social (TPS), Miquel Pongiluppi, ha advertido de que el cierre del grifo a las subvenciones llevará al cierre de muchas de esta treintena de entidades que tengan que echar el candado si no consiguen fuentes de financiación alternativas, como donaciones privadas. Pongiluppi también ha alertado de otras consecuencias sociales, como el aumento de la inseguridad ciudadana, así como del coste económico. Según sus cifras, un interno supone un coste anual de 30.000 euros, así que los 280 presos reinsertados suponen un ahorro, que ahora desaparecerá, de 8,4 millones de euros para las arcas públicas.
Según Guiteras, el recorte en programas de reinserción supondrá que las cárceles volverán a ser “fábricas más eficientes de criminalidad o almacenes de delincuentes, y eso la sociedad no se lo puede permitir”, ha lamentado. La Mesa del Tercer Sector asegura, además, que se trata de una decisión “de extrema gravedad”, ya que los convenios de colaboración entre Generalitat y entidades que no se renovarán supondrán que estas asociaciones “ni tan solo podrán prestar los servicios de forma voluntaria” y que los voluntarios ya no tendrán la libertad de acceso a las cárceles, como hasta ahora.
Cada año salen de la prisión 2.300 internos, de los que, aproximadamente, el 40% reinciden. Es decir, 920 vuelven a ingresar en la cárcel. Las entidades apuntan que la existencia de programas de reinserción había conseguido reducir este porcentaje de reincidencia hasta el 12%, lo que se traduce en 280 reclusos reinsertados. Con el fin de las subvenciones, las entidades aseguran que estos presos dejarán de tener esta segunda oportunidad.
respecto a esta noticia mi opinión es clara, estoy de acuerdo en la reinserción de este colectivo pero las medidas que se emplean no son las correctas. No importara el dinero que se destine sino de las habilidades y de la motivación de estas personas para no volver a reincidir.
ResponderEliminarsi estas personas pudieran trabajar durante el periodo siguiente de su estancia en la cárcel y que dentro de esa se enseñaran una serie de normas técnicas y habilidades con las subvenciones de los centros penitenciarios esto cambiaria radicalmente.